El juicio a los ex presidentes
Por Ángel Estrada
El problema de utilizar las arengas y las voces de un gran número de personas —que quizá desconocen de derecho y leyes— para tratar de enjuiciar a terceros, es que, por ejemplo, así se decidió que el inocente predicador debía morir crucificado, y el hombre acusado de ladrón y asesino, Barrabás, debía ser liberado.
No se interprete lo anterior como si estuviera poniendo a los ex presidentes mexicanos y a aquel hombre crucificado hace dos mil años en el mismo costal, o como si estuviera adelantando de facto que son inocentes de las imputaciones que Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, ha hecho en contra de al menos tres de ellos: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. Lo que trato de decir es que hoy, 30 de agosto de 2020, no vivimos en una época donde se deba alcanzar la justicia por consigna o a mano alzada, porque por más sabio que pueda ser el pueblo, ningún pueblo es infalible e inequívoco, y tampoco vivimos en la Jerusalén del año 33.
La justicia está a cargo de las instituciones públicas de impartición de justicia del país, sin más. En este espacio se ha hecho énfasis en muchas ocasiones de la necesidad de una profunda reforma al sistema de justicia penal y a todo el poder judicial mexicano, porque es cierto, los mecanismos de impartición de justicia en México no son los mejores y es apremiante que mejoren y se pongan al servicio de la justicia y de la gente, a través de la purificación de sus jueces, magistrados, ministros y ministerios públicos. No obstante, existen, y al existir deben ser utilizados y constantemente optimizados para su pleno funcionamiento.
De ahí a querer volver a épocas donde estos mecanismos no existían, hay un espacio vasto, innavegable y peligroso.
Emilio Lozoya ha llegado al país con aparentes ánimos de colaborar con la justicia mexicana y aportar pruebas de sus dichos contra ex funcionarios de administraciones pasadas. El fiscal general, Gertz Manero, ha señalado la importancia de seguir todo el caso con el debido proceso requerido para no dejar cabos sueltos y poder llegar a los responsables de hechos de corrupción y compra de votos en la elección federal de 2012, con la complicidad y ayuda de Odebrecht, así como el desfalco millonario a PEMEX, una vez iniciada la administración peñista. Insiste el fiscal en que el material entregado por Lozoya debe ser estudiado minuciosamente para llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Ése es el camino correcto, y la Fiscalía General de la República tiene una gran oportunidad de demostrar que un país como México puede terminar con la impunidad a través de vías institucionales.
Del otro lado, el presidente de la República insiste en que es necesaria una consulta pública para saber si los mexicanos quieren llevar a juicio a los ex presidentes. Adelanta que él votaría que no, argumentando algo similar al dicho: "lo pasado, pasado".
El presidente no toma en cuenta que ya hay carpetas de investigación abiertas, y que, aunque no le guste, será el poder judicial quien determine con pruebas en mano si los ex presidentes y otro funcionarios deben ser llamados a pagar por sus crímenes desde una prisión o no. De antemano, es un secreto a voces que quienes llevaron las riendas del país los sexenios pasados se cansaron las manos de recibir dinero ilícito, desviaron recursos públicos con ayuda de dependencias gubernamentales y universidades públicas y privadas, y se aliaron con los grupos de narcotráfico de su preferencia, desatando una época violenta que no ha cedido desde hace 13 años. Ahora sólo hace falta que la fiscalía analice las pruebas presentadas y actúe correctamente contra estos personajes.
Por lo anterior, en caso de que la consulta para saber si la gente quiere que se lleve a juicio a los ex presidentes se realice en 2021, yo no habré de votar en ella. Aquella consulta no sería vinculatoria, puede representar un entorpecimiento de las investigaciones y los procesos emprendidos por la fiscalía, y, al ser llevada a cabo en un año donde toda la cámara de diputados se renueva y donde el partido en el poder necesita conservar su mayoría, resultaría ser una consulta con fines electorales.
La justicia no se consulta, la justicia se ejerce a través de vías institucionales y procesos que pueden ser largos pero necesarios. En un país con un sistema de justicia mermado, hacer consultas para saber si la gente desea o no que se juzgue a los ex presidentes lo merma todavía más.
Dejen hacer su trabajo a la fiscalía.
